Debido a esta omisión, 2 pescadores artesanales son investigados penalmente por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, que también exige el pago de una reparación civil de más de S/200.000.
Han pasado más de dos meses desde que el titular del Ministerio de la Producción (Produce), Raúl Pérez Reyes Espejo, se comprometió con las cooperativas pesqueras del norte de Perú a aprobar y publicar la normativa que finaliza el proceso de formalización de las más de 900 embarcaciones que se encuentran en este procedimiento. A la fecha, dichos anuncios no se han concretado, denuncia la Cooperativa Pesquera San José, una de las afectadas.
La omisión de Produce ha generado que dos pescadores sean investigados penalmente por haber extraído calamar gigante en una embarcación en procedimiento de formalización. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima está pidiendo prisión suspendida para ambos y el pago de una reparación civil que asciende a S/242.000 en total.
“Los dos hermanos, que están siendo procesados injustamente y de manera abusiva por el Poder Judicial, han sido de los primeros en haber iniciado sus procesos de formalización en el 2018. Son muy correctos y hacen todo en regla. A la fecha, los dos barcos ya tienen certificado de matrícula y protocolo sanitario; pero, igual que cientos de nosotros, no pueden obtener su permiso de pesca debido a que el Ministerio de la Producción se está demorando en emitir la normativa correspondiente”, manifestó Mario Fiestas, gerente general de esta cooperativa.
Cabe precisar que la Ley 31673, promulgada en enero de 2023, dispuso la modificación del artículo 208-B del Código Penal y prohíbe a las autoridades judiciales investigar y sancionar a armadores y pescadores artesanales que estén en dicho proceso.
Actualmente, el 63% de las naves obtuvieron su certificado de matrícula y 45% ya cuenta con su protocolo sanitario. A pesar de eso, ningún barco ha sido plenamente formalizado. Lo más alarmante es que el plazo vence el próximo 31 de julio. Con ello, la flota pasará a la informalidad, lo que pondrá en riesgo el trabajo de más de 8.000 tripulantes pesqueros.
FUENTE: La República
