La sobreexplotación de las especies marinas es una amenaza para el mar peruano, que podría dejar de ser uno de los más ricos del mundo.
Desde 2015 rige la prohibición de la construcción de nuevas embarcaciones artesanales en todo el territorio nacional; sin embargo, diferentes organizaciones de pescadores artesanales informan que a plena luz del día, en astilleros clandestinos ubicados en la costa norte, centro y sur del país, se habilitan navíos destinados a la pesca ilegal que ponen en peligro los recursos marinos, así como la seguridad de los mismos pescadores.
Los gremios de pescadores artesanales han advertido a las autoridades sobre la presencia de estos astilleros clandestinos que contribuyen a la pesca ilegal con navíos que burlan los sistemas de fiscalización. Pero la reacción ha sido muy limitada, entre otras razones, porque las entidades encargadas no cuentan con el personal y los recursos necesarios para ejecutar intervenciones.
En esta línea, el vicepresidente de la Comisión de Producción, el congresista José Pazo Nunura, ha presentado un proyecto de ley que ha generado controversia con los pescadores artesanales, porque pretende extender el plazo de regularización para las naves pesqueras que no completaron el proceso del Decreto Legislativo 1392, que concluyó en julio de este año.
Especialistas, pescadores artesanales y empresas advierten que la propuesta podría incrementar la presión sobre los recursos marinos.
Sorprendentemente, la iniciativa del congresista José Pazo ha encontrado eco en el Poder Ejecutivo.
Pescadores artesanales preocupados
En lugar de promover normas para disminuir el crecimiento de la pobreza de los pescadores artesanales y preservar los recursos marinos, fuente de sustento directo para más de 50.000 pescadores artesanales, y uno de los principales alimentos de cientos de miles de peruanos, el Ejecutivo también promueve propuestas como las del legislador Pazo.
El 3 de junio de 2021, el Ejecutivo presentó el proyecto N.º 7837 que entre otras lleva la rúbrica de Úrsula León Chempén, actual viceministra de Pesca y Acuicultura. Pretendía “consolidar” el proceso de formalización de la actividad pesquera en el marco del Decreto Legislativo N.º 1392 emitido en 2018, conocido como Siforpa II.
Es decir, se buscaba reconsiderar 2.012 solicitudes que quedaron fuera del proceso de un total de 4.507. La verificación de existencia fue uno de los principales requisitos que no cumplieron. Aunque el documento tuvo dictamen favorable, no llegó al Pleno.
Durante el desarrollo con gran intensidad del Fenómeno El Niño, la pesca artesanal afronta dos grandes desafíos: la construcción ilegal de embarcaciones y las propuestas legislativas controvertidas que amenazan la sostenibilidad de los recursos marinos en una coyuntura de enorme complejidad.
Como se sabe, la Corte Superior de Justicia de Lima ha admitido una demanda de amparo contra la aprobación del Proyecto de Ley 5496-2022-CR, que permitiría la formalización de más de 2.000 embarcaciones pesqueras artesanales construidas ilegalmente.
Presentado por el congresista y armador pesquero Bernardo Pazo Nunura, la iniciativa legislativa ha generado controversia al ser percibido como un riesgo para el medio ambiente al depredar recursos hidrobiológicos como la pota y el perico.
La demanda, presentada por Carlos Yenque Carrasco, pide la abstención de la aprobación del proyecto para evitar la vulneración del derecho a un medio ambiente equilibrado.
Sin embargo, el congresista José Pazo Nunura ha recibido el respaldo de la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, a pesar de los cuestionamientos y conflictos de interés evidentes.
Línea de protesta
En este escenario, más 60 organizaciones gremiales de diferentes ámbitos del sector comprometido, incluyendo la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), y la Cámara Peruana del Calamar Gigante (Capecal), han manifestado su oposición al Proyecto de Ley 5496.
El principal argumento es que de aprobarse la iniciativa de José Pazo, se permitiría el ingreso de embarcaciones construidas ilegalmente desde 2018.
Además, empresas internacionales, tanto estadounidenses como europeas, se han sumado a la oposición a la propuesta de ley de Pazo, mediante una carta al Congreso. En el escrito destacan que esta propuesta es una amenaza por buscar «perjudicar la reputación y credibilidad» que Perú ha ganado en los mercados internacionales donde operan.
La Unión General de Pescadores del Perú también ha expresado su rechazo al proyecto 5496, resaltando que podría reanudar el Siforpa II y permitir que más de 2.000 embarcaciones excluidas obtengan la formalización. Existen preocupaciones sobre la capacidad de la flota pesquera artesanal y cómo un aumento descontrolado podría afectar la producción.
Por su parte, el exdirector de la Dirección General de Pesca Artesanal de Produce, Óscar Díaz, considera que esta iniciativa es “equivocada”, pues, “legalmente ya no existe (la ley) 1392”, por lo que no debería proceder.
Además, recordó que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) ha declarado a la pota como un recurso “plenamente explotado”, por lo que ampliar la flota que extrae esta especie sería conducirla a su desaparición.
FUENTE: La República
