Se reduce impuesto pero aún no se cumple con la ley 28965, advierte el presidente de la Cámara Peruana del Atún.
El Gobierno emitió el decreto legislativo Nº 1515, el cual otorga beneficios tributarios al sector acuicultura, de forma similar a lo que se aplica al sector agroexportador.
Así, para el cálculo del Impuesto a la Renta (IR) se da una depreciación anual del 20% y una reducción de la tasa del IR a 15%, la mitad de la actual.
El punto en controversia es el plazo de los beneficios, pues el decreto establece que será similar al sector agroexportador. Es decir, hasta el 2025 en el caso de la depreciación y hasta el 2030 en el caso de la tasa de IR a 15%.
Para el presidente de la Cámara Peruana del Atún, Alfonso Miranda, el plazo resulta insuficiente, por lo que no cumplirá el objetivo de promover al sector.
“Si tú tienes un proyecto para sembrar 100 hectáreas de concha de abanico o langostinos, esto es a mediano plazo, y cuando empieces a tener resultados ya se habrá perdido el beneficio tributario”, lamentó.
Con este panorama, Miranda espera que el Congreso el próximo año de luz verde a un proyecto de ley -que ya fue aprobado en la Comisión de Economía en noviembre pasado- el cual otorga similares beneficios tributarios al sector, pero con una vigencia mayor, tanto en depreciación y menor tasa de IR, hasta el 2031.
En el caso de los beneficios tributarios para el mercado del atún, el Gobierno emitió el decreto legislativo N° 1518, el cual reduce el IR por la venta de atún de las embarcaciones extranjeras a las plantas conserveras locales.
Así, la norma establece una nueva fórmula de cálculo la cual da como resultado que el IR a pagar baja de 30% a 2.7% de los ingresos brutos.
No obstante, Miranda refiere que la expectativa del sector era eliminar ese impuesto, tal como ocurría hasta antes del 2019, en base a la ley 28965, Ley de Promoción para la Extracción de Recursos Hidrobiológicos Altamente Migratorios, promulgada en el 2007.
“En otros países se paga cero por este concepto y ello ocurría en el Perú gracias a la ley del 2007; pero desde el 2019 el Gobierno cambió la interpretación de la ley y empezó a cobrar 30%, afectando al crecimiento importante que había tenido el sector”, criticó Miranda.
Refiere que la nueva tasa, si bien es una reducción respecto al 30%, genera un costo adicional a las empresas de US$ 50 por tonelada del recurso, lo cual afecta la competitividad y pone en riesgo a los 20,000 puestos de trabajo que genera el sector atunero.
“Esperamos que el Congreso, en su labor de fiscalización y control político, haga cumplir la ley para eliminar ese costo. En este caso no se requiere aprobar una nueva ley, sino hacer respetar la ley 28965″, anotó.
FUENTE: Gestión
