La Ley de Cuotas de pesca de la anchoveta regula la actividad de las empresas pesqueras en tres aspectos: su aporte social para la pensión de los pescadores, su aporte por el aprovechamiento del recurso nacional y las cuotas de pesca de sus embarcaciones.
Dicha ley se vence este 28 de junio y por ello es que ayer, en la Comisión Permanente, el Congreso debatió un dictamen que sugiere ampliar la ley para evitar que las empresas detengan el aporte social a los pescadores de US$ 1,95 por tonelada.
Sin embargo, de aprobarse, también se prolongaban por 15 años las demás obligaciones de las pesqueras. Así, estas empresas seguirían pagando un precio ínfimo de entre US$ 3 y US$ 5 por cada tonelada de pesca de anchoveta extraída.
Durante el debate, el congresista Juan Sheput cuestionó que se intente prorrogar la ley de los límites máximos de captura en el sector pesca aduciendo que se busca proteger la pensión de los trabajadores.
«Es un proyecto que con varios congresistas hemos estado evaluando porque de ninguna manera un grupo de empresas puede tener potestad a un recurso que pertenece a todos los peruanos»,dijo.
El congresista Roberto Vieira también cuestionó la intención por aprobar la ampliación. «No se puede amarrar con una supuesta careta de aporte social y darle perpetuidad de 10 a 15 años a 6 pesqueras que manejan el 95% de los recursos pesqueros. Estas son las empresas Haiduk, Copeinca, Austral, Diamante entre otras. Sería un escándalo que por US$ 5 millones, que es el aporte social que deberíamos sacar del Estado, les regalemos un negocio que es equivalente a US$ 2 mil millones anuales entre harina y aceite de pescado», recalcó.
En defensa del dictamen, el presidente de la Comisión de Producción, el congresista fujimorista Freddy Sarmiento, aseguró que en ningún momento se buscó prolongar los derechos de pesca. «Lo único que regula esta norma es el tema previsional», recalcó.
Decisión del ejecutivo
El director de pesquería de la ONG Oceana, Juan Carlos Sueiro, consideró necesario que el debate por el aporte social se mantenga; pero los demás aspectos de la ley no competen al Legislativo.
«Una cosa son los aportes sociales y otra los pagos. El derecho de pesca es una decisión del Ejecutivo. Es el Ministerio de la Producción quien debe determinar ello», acotó.
Remarcó que la actual ley ha beneficiado a las empresas pesqueras por 10 años y necesita cambios. «La industria siempre dice que tiene el 65% de las cuotas. Puede ser, aunque yo lo dudo. Lo cierto es que sí reciben el 90% del pescado», remarcó.
Al cierre de esta nota, el debate ingresó en un intermedio para modificar el dictamen y ampliar solo los aportes sociales. Los demás puntos quedan en la espera de un debate técnico.
En cifras
– 2 mil millones de dólares anuales ganan las empresas pesqueras en harina de pescado.
– US$ 1,95 por tonelada es el aporte social que realizan las pesqueras para la pensión de los trabajadores.
Produce estudia los derechos de pesca
– El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, afirmó en su última entrevista con La República que su despacho ya pidió un estudio que determine cambios en los derechos de pesca, que hoy son entre US$ 3 y US$ 5 por tonelada de pesca de anchoveta.
– «Estamos revisando el valor de los derechos de pesca. Los estudios están avanzando. Decir ahorita si es bajo o alto, sería injusto. Si uno ve ahora el derecho de pesca solo, parece bajo. Si se agrega otros puntos como la fiscalización, estamos en la media», destacó.
– Se estima que para fines de julio se tenga la decisión del ministerio, afirmó Pérez-Reyes.
– El presidente de pesquería de Oceana, Juan Carlos Sueiro, dijo que no todos los costos ligados a la pesca son derechos de pesca. «La industria alega que los pagos por sistema satelital, derechos de desembarque y otros son derechos de pesca. Eso es lo que intentaba establecer en la última redacción Fuerza Popular y es un error. Los derechos de pesca son pagos al Estado por uso de recursos naturales», añadió.
