Los planes de inversión de las pesqueras se retrasarían de aumentarse los derechos de pesca en lo que resta del año. El impacto de este cambio normativo se vería en los resultados de las empresas en el 2020. A partir del próximo año, las pesqueras tendrán que adaptar sus presupuestos para internalizar este gasto.
En una prepublicación para modificar la Ley General de Pesca el Ministerio de la Producción señala que la norma entraría en vigencia en enero del 2019. Esto significa que las nuevas tasas de los derechos de pesca comenzarían a aplicarse a partir de la primera temporada del 2019, en abril. Las tasas que las pesqueras pagarían por el uso del recurso son diferenciadas: 0.27% del precio promedio anual de la harina de pescado si la cuota anual acumulada es menor a 3.4 millones de TM y 1.26% si es mayor o igual a 3.4 millones de TM. Hoy el pago es de 0.25%. Con este cambio las empresas pasarían de pagar un derecho de US$4 por TM este año a uno de US$20 por TM en el 2019.
La industria pesquera está en contra del incremento. “Pagaríamos cinco veces más”, indicó Raúl Briceño, CEO de Exalmar. El punto de equilibrio del sector es de 4.3 millones de TM, según Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Otras fuentes indican que ese ya no el punto de equilibrio actual. “Con la incertidumbre ambiental no se alcanzará esa cuota”, dijo Juan Carlos Sueiro, director de pesquería de la ONG Oceana.
IMPACTO EN LA INDUSTRIA
Las pesqueras prevén que retrasarán sus inversiones en renovación de flota y mejora de plantas planeadas para el 2019 por el alza de los derechos de pesca. Este año las empresas no realizaron estas inversiones por las pérdidas de los últimos cuatro años. El enfoque fue mantenimiento de infraestructura y reducir deuda (SE 1645).
Austral no podrá iniciar con sus planes de renovación de flota. “El posible aumento [de los derechos] volvería a posponer estas inversiones, que ya fueron retrasadas por la mala situación de la industria”, indicó Adriana Giudice, CEO de Austral. La firma apuntaba a sustituir las embarcaciones más antiguas para reducir los costos de mantenimiento. Exalmar también evaluaba realizar estas inversiones en el 2019, indicó Briceño, de Exalmar, a SEMANAeconómica en junio (SE 1626, Se Destaca). Esta evaluación quedaría pendiente hasta después de la publicación final de la norma y el desempeño del sector el próximo año.
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Austral también retrasaría las inversiones en planta como mejoras de los procesos de producción. El posible aumento de los derechos afectaría su planeamiento del próximo año. “Si aumenta no se aprobaría el presupuesto para las nuevas inversiones en capex que tenemos programadas”, indicó Giudice, de Austral.
Pero el impacto en las inversiones será por corto plazo. “Es un proceso de transición hasta que las empresas incorporen este gasto en su presupuesto”, señaló Santiago de la Puente, investigador asociado de la University of British Columbia. La mayor recaudación beneficiará al sector en el largo plazo. El mayor gasto destinado a investigación permitiría determinar con mayor exactitud las cuotas de pesca, coincidieron De la Puente y Oceana.
El cambio en las reglas de juego forzaría a las pesqueras a desarrollar su negocio de consumo humano directo para diversificar sus ingresos y así seguir creciendo. Como señaló SEMANAeconómica el año pasado, este negocio será clave para la sostenibilidad y estabilidad del negocio (SE 1572, Se Destaca).
