Doce organizaciones de pesca artesanal, que representan a alrededor de 12 mil pescadores y dueños de embarcaciones, enviaron cartas al Congreso para rechazar el proyecto de ley promovido por el congresista José Pazo, que busca formalizar a más de 2000 embarcaciones construidas ilegalmente.
Organizaciones de pescadores y armadores (dueños de embarcaciones) de Piura, Tumbes y Arequipa, y que agrupan alrededor de 12 mil personas, han manifestado su rotundo rechazo al Proyecto de Ley 5496/2022-CR. La propuesta presentada por el congresista José Pazo en junio pasado, busca formalizar a más de 2000 embarcaciones que quedaron fuera del proceso de formalización que culminó el 31 de julio.
“Expresamos nuestro rechazo y preocupación por las iniciativas en el Congreso de la República, pretendiendo reabrir una formalización que permita haber ingresado formatos y fotografías para obtener matrículas y permisos de pesca y así tener una embarcación formalizada. Mientras la flota no deja de crecer, muchos recursos costeros han reducido sus dimensiones”, señala la carta enviada por la Federación Regional de Organizaciones Pesqueras Artesanales Selectivos de Cortina, Pinta y Espinel de Tumbes.
Las 12 asociaciones sostienen que esta propuesta afectaría sus esfuerzos por formalizarse, pues el proceso conocido como Siforpa 2, culminó el 31 de julio de este año tras tener hasta tres ampliaciones. Además, indican que las embarcaciones que serían formalizadas gracias al proyecto de ley del congresista Pazo no superaron la verificación de existencia, sustento por el cual fueron retiradas del proceso original.
Por su parte, la Federación de Pescadores Artesanales – Región Grau (FEPEAR) hizo un llamado a las autoridades nacionales. “No podemos permitir que el Ministerio de Producción no ejecute las normas que ellos mismos han emitido”, refieren en el documento donde además hacen énfasis en la importancia de respetar las primeras 5 millas destinadas para la pesca ancestral, en prohibir el uso de la pesca de arrastre y a “impedir la operación clandestina de astilleros artesanales que pretenden incrementar la flota artesanal ya completa”.
Entre las cartas dirigidas al congresista Jorge Morante, presidente de la Comisión de Producción, se encuentran la Asociación de Proveedores de Productos Hidrobiológicos del Puerto de Paita, Asociación de Pescadores Dedicados a la Extracción de Pota, Perico y Otros de Parachique – La Bocana, Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales Mar de Paita, Asociación de Armadores Artesanales de Consumo Humano Directo, Asociación de Armadores Artesanales caleta de Yacila, todas de Piura.
Mientras que también figuran las comunicaciones de la Federación de Pescadores Artesanales-Región Grau, Unión General de Pescadores del Perú (Arequipa), la Cooperativa Pesquera San José y la Asociación de Armadores y pescadores artesanales San José, ambas de Lambayeque; la Federación Regional de Organizaciones Pesqueras Artesanales Selectivos de Cortina, Pinta y Espinel de Tumbes y la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (Sonapescal).
En total, son 12 asociaciones las que han hecho llegar su postura al despacho de la Comisión de la Producción, grupo a cargo de evaluar la propuesta, las mismas que solicitan “al pleno dejar sin efecto esta iniciativa que presentó el congresista Pazo (Proyecto de Ley 5496) porque de no hacerlo se estaría constituyendo en los más grandes depredadores del Mar de Grau, por pretender Incorporar embarcaciones construidas ilegalmente”.
Alertan conflicto de interés
Además de dar argumentos técnicos y sociales por los que se oponen al proyecto de ley del congresista Pazo, las organizaciones señalan una denuncia que ya ha sido publicada por medios como La República. “Demandamos que el Congresista Pazo y su familia son propietarios de embarcaciones de la Ley 26920 y de menor escala e incluso propietarios de un astillero, Por lo que debe abstenerse de promover este tipo de iniciativas que muestran un Evidente Conflicto de Intereses”, refiere una de las misivas.
Respuesta de los ministerios
El Ministerio de la Producción respondió en una carta dirigida al congresista Alejandro Aguinaga que “el proceso de formalización Siforpa2 finalizó el 31 de julio de 2023 y no ha sido ampliado por ninguna otra norma”. Aguinaga había solicitado información Produce, trasladando la carta de Sonapescal.
Además, la Comisión de Producción del Congreso pidió opinión técnica al Ministerio del Ambiente (Minam). A través de un oficio ha referido que en este proyecto de ley “no se advierte el análisis de impacto económico y ambiental para que pueda evaluarse su viabilidad y factibilidad”. Además, indica que no se puede poner en peligro el esfuerzo pesquero con el ingreso de más embarcaciones sin un mecanismo de control de incremento de la flota artesanal pues perjudicaría el control de los productos pesqueros. Finalmente recomienda a la Comisión solicitar la opinión a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).
Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Defensa -a través de la Dicapi- no ha emitido ninguna opinión al respecto. Su posición sería clave para el archivamiento o aprobación de este proyecto de ley, pues es el principal responsable de la verificación de existencia de las embarcaciones que se pretende formalizar.
FUENTE: Actualidad Ambiental
