«No pongan más cargas sobre los agentes productivos: ejecuten adecuadamente aquello de lo que se dispone, manejen con transparencia los derechos de pesca y aplíquenlos al área que corresponda», expresó Alfonso Miranda, extitular del Produce.
La Ley General de Pesca establece que las concesiones, autorizaciones, permisos y licencias se otorgan previo abono de los correspondientes derechos, así como que se exceptúa del pago a quienes desarrollan actividades de investigación, pesca artesanal y de subsistencia. El Reglamento de dicha norma, confirma que su finalidad es financiar los gastos necesarios para garantizar la conservación y aprovechamiento responsable de los recursos. Lo que comprende investigación, vigilancia, control y planeamiento del desarrollo de las pesquerías. La mayor fuente de estos ingresos para el Estado, se aplica sobre los desembarques de anchoveta para consumo humano indirecto, y se calcula en base al precio de exportación de la harina de pescado.
El 50% de lo recaudado por este concepto va al Canon Pesquero que reciben gobiernos regionales y locales. Adicionalmente, el Ministerio de la Producción debe destinar hasta 25% del total de lo obtenido, a la ejecución de actividades y proyectos con fines de investigación científica, tecnológica, capacitaciones, etc.; vinculadas al desarrollo pesquero o acuícola. En los últimos 5 años, el Ministerio de la Producción debería haber cobrado 380 millones de soles por este rubro, cuya tasa subió considerablemente en 2019. Sin embargo, es un misterio su destino y hay fundadas razones para pensar que buena parte se estaría empleando en fines distintos a la pesca y acuicultura.
Correspondería que haya una absoluta transparencia sobre las cobranzas que se realizan por estas obligaciones, quiénes las incumplen, pagan morosamente o tienen saldos pendientes, así como la manera en la que se emplean. Todo esto, que debería ser de dominio público, es desconocido, aún para las autoridades del sector y, por lo tanto, es imposible una fiscalización ciudadana. Más de una vez, se habrían desviado a otros fines, recursos directamente recaudados por PRODUCE (provenientes de pesca), como multas, trámites y derechos.
Un caso reciente es el aprobado mediante Resolución Ministerial 0202-2021-PRODUCE que autoriza la transferencia de 2 millones de soles para financiar la ejecución del Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Servicio de Comercialización del Gran Mercado Belén – Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto”, obra que sin duda es de trascendental importancia para esa región del oriente peruano, pero que tendría que ser financiada por el tesoro público y no en menoscabo de la pesca y acuicultura, cenicientas perpetuas de un Estado que históricamente les da la espalda.
Según el analista Marcos Kisner “Esta falta de transparencia en los usos de los derechos de pesca no es de ahora, sino de siempre e impide que se conozca el monto de la recaudación y el destino que le da el Ministerio”. Lo grave es que tanto PRODUCE como sus organismos adscritos, vinculados a la pesquería, padecen de un severo recorte presupuestal y de recientes normas que impiden contratar por locación de servicios y del régimen CAS, que ponen en riesgo el cumplimiento de sus funciones.
En tiempos en los que necesitamos recuperarnos de una caída en la economía, para lo que se han presentado numerosas propuestas de desarrollo sostenible, generación de empleo formal, formalización de la pesca artesanal y contribución a la seguridad alimentaria; se precisará de más fuentes de ingresos para el ente rector y no mutilarle los brazos con los que pueda ejecutar la promoción de estas actividades. No pongan más cargas sobre los agentes productivos: ejecuten adecuadamente aquello de lo que se dispone, manejen con transparencia los derechos de pesca y aplíquenlos al área que corresponda.
Por Alfonso Miranda | diario Expreso
