A pesar de que la empresa afirma haber pagado montos por encima de lo requerido por el Gobierno peruano, la comunidad pesquera continúa denunciando insuficiencias en estos pagos y exige una revisión del acuerdo firmado. A la fecha, la producción de pesca se encuentra paralizada, perjudicando el sustento de miles de familias.
En el 2022, el mar de Ventanilla y otros puntos costeros como Huaral y Barranca se vieron gravemente afectados por el derrame de petróleo considerado el peor desastre ecológico de la última década en el Perú.
Dos años después, los pescadores artesanales señalan que aún luchan por recuperarse ante la prohibición de Repsol de ejercer la pesca tras haber recibido una compensación económica, según los acuerdos establecidos. La situación estaría dejando a más de 10 mil pescadores sin poder retomar su medio de vida tradicional.
Como se sabe, el desastre, que no solo ha causado afectaciones a la fauna marina, sino que también puso en jaque la economía local, ha colocado a la empresa en el centro de la controversia por su gestión de las compensaciones y las restricciones impuestas.
Pues, a pesar de que la empresa afirma haber pagado montos por encima de lo requerido por el Gobierno peruano, la comunidad pesquera continúa denunciando insuficiencias en estos pagos y exige una revisión del acuerdo firmado, ya que, a la fecha, la producción de pesca se encuentra paralizada, perjudicando el sustento de miles de familias.
¿Cuál es la situación de los pescadores artesanales de Huaral?
Actualmente, los pescadores artesanales de Huaral —afectados por el derrame— critican las exigentes condiciones de Repsol para la compensación.
En 2022, la suma entregada fue de 70 mil soles, reducida a 35 mil soles en 2023, cantidad que, según los pescadores, no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas ni retomar sus actividades.
Además, la prohibición de pescar ha dejado inactivas a más de 1000 embarcaciones, incrementando los gastos de mantenimiento sin generar ingresos. Ante esta realidad, la comunidad pesquera de la costa central del país exige a las autoridades modificar el acuerdo con Repsol, buscando una solución que permita reactivar la pesca, el comercio y la recreación en las zonas afectadas.
Según análisis de CooperAcción, las compensaciones económicas entregadas por Repsol a los afectados del derrame, varían entre los 50 mil 000 y 70,000 soles, lo cual representa solo un 25% de lo estimado necesario.
También, de acuerdo a investigaciones realizadas por IDL-Reporteros, estos pagos se establecieron como únicos y definitivos por parte de la empresa.
Por ello, los pescadores denuncian la naturaleza abusiva de estos acuerdos, argumentando que se les presionó a aceptar dichas sumas durante un período de extrema necesidad, después de haber perdido su principal fuente de ingresos.
Además, la Defensoría del Pueblo ha señalado que el proceso no constituyó un trato justo para las víctimas, evidenciando una falta de equidad en las negociaciones.
Pagos de Repsol a afectados no constituye compensación
Recientemente, Infobae Perú conversó con Tom Goodhead, director de Pogust Goodhead, la firma británica de abogados que ha presentado una demanda millonaria contra la gigantesca Repsol en La Haya (Holanda) por el desastre ecológico producido en el litoral peruano.
Al respecto, Goodhead explicó que Repsol ha limitado su asistencia a un número reducido de afectados, focalizando en una actividad económica por familia y dejando fuera a múltiples personas impactadas por el derrame, planteando interrogantes sobre el alcance de las reparaciones y si estas constituyen realmente una compensación por los perjuicios causados.
“Hemos revisado las condiciones bajo las cuales Repsol afirma haber “compensado” a varias víctimas, y creemos que, en muchos de los casos, ello no constituye una reparación real. Como máximo, Repsol podría decir que ha proporcionado asistencia o un bono, pero no una reparación completa y justa por los daños causados”, declaró a Infobae Perú Goohead.
En tal sentido, se critica que la ayuda ofrecida sea más simbólica que efectiva, afectando a la percepción de justicia y equidad en el tratamiento de las víctimas.
Fuente: Infobae
