Es necesario actualizar y/o ampliar la legislación correspondiente al nivel de ley promulgada por el Congreso de la República, sobre aspectos, que consideramos prioritarios.
La actividad pesquera peruana es una de las más importante del planeta. La anchoveta es hoy la pesquería más importante del país a la cual se suman, por su dimensión mundial, la pesca de pota, perico, bonito, entre otras especies. Esto es posible gracias a nuestro ecosistema de aguas frías, conocido como Humboldt, a la porción de mar tropical ubicado en el extremo norte del país y a la zona de transición entre ellas, básicamente frente a Piura, que proveen una gran diversidad de recursos hidrobiológicos.
En la última década, la expansión de las exportaciones de productos pesqueros para el consumo humano ha sido significativa, alcanzando el valor de las exportaciones de harina y de aceite de pescado. Esto solo había ocurrido en 1984 como consecuencia del Fenómeno del Niño extraordinario.
Además, estas actividades, basadas principalmente en la pesca artesanal, generan más del 80% de los empleos en las cadenas de valor de las pesquerías, como es el procesamiento en tierra, el transporte, la comercialización mayorista y minorista, y la gastronomía marina.
Frente a esto, es necesario actualizar y/o ampliar la legislación correspondiente al nivel de ley promulgada por el Congreso de la República, sobre aspectos, que consideramos prioritarios. Estas son las cinco propuestas:
Actualizar la Ley general de Pesca. Promulgada en 1992, a lo largo de este tiempo han ocurrido cambios significativos en la pesca, se han ampliado y/o renovado enfoques y desafíos. Por ello, es necesario incorporar la transparencia, el cambio climático. Así como actualizar el capítulo de la pesca artesanal, ampliar la protección de las cinco millas, el reconocimiento de embarcaciones tradicionales (sin motor), entre otros.
Crear la Superintendencia de fiscalización pesquera y acuícola (SUNAPES)
Es importante avanzar en la modernización institucional del sector pesquero y ello incluye la creación de esta superintendencia que se deberá encargar de la supervisión, fiscalización y sanciones en la pesca y la acuicultura.
Actualmente se cuenta con una Dirección General del PRODUCE, sujeta a la voluntad de la gestión de turno y con escasa independencia funcional y administrativa para cumplir con su rol.
Incluir el tráfico ilegal de especies acuáticas silvestres y la pesca ilegal en la Ley Contra el Crimen Organizado
Esta actividad es muy lucrativa en el mundo y en el Perú no es la excepción. Incluye caballitos de mar y especies de tiburón protegidas por la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) debido a su condición de vulnerabilidad. Por ello, proponemos incluir los delitos de tráfico ilegal de especies acuáticas (art. 308-A del código penal) y la pesca ilegal (art. 308-B) dentro de la ley de crimen organizado (Ley 30077) para ampliar la eficacia en la lucha contra estas actividades y no sancionar al último (y más débil) eslabón de esta cadena delictiva.
Elaborar una lista de especies de flora y fauna acuáticas amenazadas
Aún cuando la CITES establece restricciones y procedimientos para el comercio internacional de varias especies acuáticas, el Perú no ha establecido una lista de ellas, como sí lo ha hecho con especies del ámbito terrestre.
Este incumplimiento de los compromisos por parte del país restringe las estrategias y medidas para el aprovechamiento sostenible de las especies acuáticas e identificar las causas de las amenazas. Por ello planteamos una ley que obligue al PRODUCE a elaborar en un plazo determinado una lista con su respectivo sustento.
Ratificar el Acuerdo de Escazú
El Congreso de la República debe ratificar este acuerdo regional sobre el acceso de información, la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo promueve la transparencia y la participación ciudadana y en modo alguno afecta la soberanía nacional.
Ello permitirá que PRODUCE haga público qué tipo de información se utiliza para tomar decisiones, aspecto por lo demás contemplado en la sentencia del 25 de julio del 2019 del Tribunal Constitucional, respecto al Instituto del Mar Peruano (IMARPE). El Acuerdo de Escazú ha entrado en vigencia el 22 de abril de este año al ser ratificado por 12 de los 24 países que lo han suscrito.
No es, por cierto, una agenda excluyente hay otros temas planteados, como la restitución del Ministerio de Pesquería, pero sí creemos pertinente abrir un debate que conduzca a decisiones concretas en el congreso respecto a la pesquería peruana
Por: Juan Carlos Sueiro | RPP
