“No lograr esta formalización, es costoso en términos de perdida de espacio para la innovación, para la misma profesionalización de la actividad y para la inclusión plena del sector artesanal en la economía formal”, señala Alfonso Miranda Eyzaguirre, presidente de la Cámara Peruana del Atún (CPA).
La informalidad en la industria pesquera del país es un mal latente que ha impactado negativamente en el crecimiento de este sector. Adicional a ello, se suma cierta indiferencia por parte de las autoridades competentes para poder atraer a diversos gremios pesqueros y guiarlos en un proceso de formalización que urge.
“Hemos tenido una reunión ayer con el ministro de la producción y se le ha expresado que uno de los temas fundamentales en los cuales tiene que actuar la cartera a su cargo es la formalización de la flota pesquera artesanal”, señala Alfonso Miranda Eyzaguirre, presidente de la Cámara Peruana del Atún(CPA).
Cabe decir, que este proceso tendría que ser a costos reducidos para el pescador artesanal y con condiciones en donde el Estado sea quién tenga que ir donde el pescador artesanal y no sea al revés. Se tienen que eliminar algunas barreras burocráticas que actualmente rigen y hacer más fácil el proceso.
Intentos
En esa línea, otro aspecto a tomar en cuenta es que no se termine formalizando a quienes recién han comenzado a construir sus embarcaciones, sino a aquellos que han cumplido con el debido proceso y que han mostrado interés por cumplir con el marco formal.
“El litoral está lleno de ampones y se siguen construyendo embarcaciones a vista y paciencia de las autoridades, entonces, lo que se tiene que hacer no es formalizar indiscriminadamente, sino a quienes están organizados en las cooperativas y organizaciones sociales de pescadores artesanales. Es decir, aquellos que han iniciado su trámite en el momento que correspondió y demostraron la existencia de sus embarcaciones en el momento y que el Estado les ha pedido nuevos requisitos y les ha hecho complicado el camino de formalización”, apunta el presidente del gremio atunero.
El gobierno anterior intentó legalizar 2,400 embarcaciones que no les correspondía a la gran mayoría, ya que no habían sido capaces de demostrar un esfuerzo previo al inicio de los procesos de formalización. Justamente para que no se repita esta situación, el Estado debe tener mucho cuidado en “cómo y en qué condiciones da la formalización”.
Consecuencias
No lograr concretar este proceso de formalización de los pescadores artesanales es costoso en términos de perdida de espacio para la misma profesionalización de la actividad y para la inclusión plena del sector artesanal en la economía formal. “Es una suerte de invisibilidad del pescador artesanal”, agrega Miranda Eyzaguirre.
Pesca ilegal
En paralelo a la formalización, las autoridades también deben ser capaces de desarrollar un modelo de liderazgo en donde se garantice la protección de los recursos pesqueros en el territorio nacional.
Tanto en el Perú como en países vecinos, se ha permitido la inclusión de flotas pesqueras provenientes de países asiáticos, las cuales no generan ningún beneficio al país, pues agotan los recursos marinos, no generan trabajo, ni pagan ningún impuesto.
“Podemos calcular que normalmente hay entre 200 o 300 embarcaciones ilegales que hacen pesquería en el borde las 200 millas”, apunta el presidente del gremio atunero.
Ante este escenario el Estado peruano está en la obligación de frenar esta practica, que no solo impacta económicamente al país, sino que también afecta ala actividad pesquera del sector artesanal.
FUENTE: Gestión
