En diciembre último, venció el plazo para la implementación del Plan Post Declaratoria de Emergencia Ambiental para el seguimiento de las acciones de rehabilitación y recuperación ambiental de la zona marino costera.
Al cumplirse, este lunes 15 de enero, dos años del derrame de cerca de once mil barriles de petróleo frente al mar de Ventanilla, la Defensoría del Pueblo exhorta al Poder Ejecutivo a continuar las acciones de evaluación y supervisión ambiental y sanitaria para la toma de decisiones orientadas a garantizar los derechos de la población que se vio afectada.
El pedido se hace tras el comunicado conjunto, emitido en diciembre último por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción, en el que se informó que aún persistía contaminación ambiental en determinados puntos y que 25 playas de uso recreacional mantenían la condición de afectadas.
Asimismo, que, pese al tiempo transcurrido, no se contaba con las condiciones para un desarrollo normal de las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos relacionadas con la pesca artesanal.
Cabe indicar que en octubre último la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de la Producción disponer medidas restrictivas respecto a la pesca artesanal y de productos hidrobiológicos en la zona afectada, teniendo en consideración las recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), así como difundir información al respecto. Sin embargo, no se recibió respuesta del sector.
A ello debe sumarse que, en diciembre último, venció el plazo para la implementación del Plan Post Declaratoria de Emergencia Ambiental para el seguimiento de las acciones de rehabilitación y recuperación ambiental de la zona marino costera, que involucraba la participación de diversas instituciones.
Estas son el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Imarpe, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) y las municipalidades de las zonas involucradas, entre otras entidades, bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente.
Tras su término, la Defensoría del Pueblo advirtió que quedaron pendientes de concluir actividades como la última evaluación biológica ambiental en la zona marino costera, a cargo del Imarpe, así como la ampliación de la evaluación de la condición sanitaria y análisis de riesgo de los recursos hidrobiológicos, a cargo de Sanipes.
Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas se encuentra evaluando 18 planes de rehabilitación presentados por Repsol, por lo que se requiere que el Ministerio del Ambiente dé continuidad a dicho plan y al espacio de seguimiento construido para articular la intervención de las instituciones involucradas.
Atención a población afectada
En materia de identificación de personas afectadas, la Defensoría del Pueblo ha participado en 13 reuniones desarrolladas hasta la fecha como parte de la mesa de diálogo instaurada por la Presidencia del Consejo de Ministros, tras la recomendación formulada por la institución, donde se ha recomendado la elaboración de un cronograma detallado de las actividades a realizar para la elaboración de la propuesta de los criterios de identificación, a cargo del Ejecutivo.
Respecto al proceso de compensación, durante el año pasado la Defensoría del Pueblo participó en seis reuniones con 9 organizaciones de pescadores y comerciantes y se propuso al Ministerio de Energía y Minas hacer modificaciones al decreto emitido por dicho sector, a fin de lograr que el proceso de compensación garantice una reparación integral y un trato justo.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de continuar supervisando las acciones estatales destinadas a atender los impactos ambientales y sociales del derrame del 15 de enero de 2022; así como insistir en las recomendaciones que correspondan para la protección de los derechos fundamentales de la población afectada.
