Si bien en las islas Galápagos la normativa ha controlado la pesca de tiburones, en las costas continentales de Ecuador se mantienen volúmenes de capturas anteriores a la norma, entre 6,000 toneladas métricas al año.
Tres especialistas en biología, derecho y ecología participaron en la víspera (miércoles) en un seminario virtual sobre la pesca ilegal en las zonas marinas de los países andinos, en el suroeste del océano Pacífico, y en las islas Galápagos, organizado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) de Ecuador.
El biólogo marino Mauricio Castrejón, investigador de la ecuatoriana Universidad de las Américas, centró su ponencia en la validez de una normativa ecuatoriana que prohíbe la pesca de atún y tiburones, pero que permite la que se realiza de manera “incidental”, una práctica que roza con la faena ilegal de esas especies.
Para Castrejón, la normativa ecuatoriana debe mantenerse hasta que haya estudios concluyentes que permitan determinar otras alternativas para proteger a especies de escualos, muchas de las cuales se encuentran amenazadas y en peligro de extinción.
El análisis de ese capítulo es importante, sobre todo, porque hay una línea muy delgada en lo que se refiere a la pesca incidental y la ilegal.
Si bien en las islas Galápagos la normativa ha controlado la pesca de tiburones, en las costas continentales de Ecuador se mantienen volúmenes de capturas anteriores a la norma, entre 6,000 toneladas métricas al año, refirió el especialista.
Con ese dato, Castrejón dijo que puede haber una “intencionalidad” en la llamada “captura incidental” de tiburones, cuyo juego de aletas se cotizan en el mercado negro a unos US$ 60.
El especialista sugirió mejorar los controles y también identificar zonas marinas en las costas continentales de Ecuador en las que se prohíba la captura de tiburones, por considerar que son espacios vitales para la preservación del recurso.
La ecóloga marina Margarita Brandt, de la USFQ, se refirió en su exposición al impacto de la pesca en las comunidades de especies marinas y costeras y en la salud de los océanos.
Brandt refirió que al año se estiman capturas por 78 millones de toneladas a nivel global, pero remarcó que entre el 11% y 26% es ilegal, no declarada o no reglamentada.
El aumento de la pesca ha generado impacto directo a los volúmenes de biomasa, por la merma en las especies capturadas, aunque señaló que se debería analizar también la interacción entre las distintas especies.
Asimismo, mencionó el impacto en los tamaños de los ejemplares, ya que la pesca busca a los de mayor tamaño, lo que tendría un impacto a largo plazo.
Por su parte, Ernesto Fernández, especialista en derecho y activista para reducir las subvenciones pesqueras perjudiciales, dijo estar esperanzado en que en la Organización Mundial de Comercio (OMC) se produzca un acuerdo para prohibir los subsidios nocivos para la pesca, porque facilitan que se formen grandes flotas de captura que recorren los océanos.
Uno de cada cinco peces es capturado por pesca ilegal, refirió Fernández al insistir en que son los subsidios dañinos los que permiten que hay flotas extranjeras que sobrepasan los límites.
El especialista identificó a grandes flotas pesqueras de China, varios países de Europa, Rusia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos y advirtió de que en la OMC, donde se discute la prohibición de subsidios nocivos para la pesca, las decisiones se toman por consenso, por lo que solo un país podría tumbar un acuerdo al respecto.
“Si todos esos países asumieran sus compromisos, entonces sería más fácil lograr un acuerdo al que todos se sometan” a esos entendimientos, remarcó Fernández.
FUENTE: EFE | Gestión
