El tráfico ilegal de especies, considerado la cuarta actividad ilegal más lucrativa en el mundo, mueve entre $7,000 y $23,000 millones anualmente y utiliza las mismas redes y mecanismos que el narcotráfico.
Por su gran biodiversidad y la ausencia de legislación efectiva, el Perú es víctima del tráfico ilegal de especies. Entre 2000 y 2018 se decomisaron más de 80 mil animales silvestres vivos. Y entre 2000 y 2016 se realizaron casi 6,000 intervenciones de especies silvestres terrestres y acuáticas con destino a Europa, Asia y Norteamérica. Este crimen, considerado la cuarta actividad ilegal más lucrativa en el mundo, mueve entre $7,000 y $23,000 millones de dólares anualmente, posicionándose luego del tráfico de drogas y el tráfico de productos falsificados. También representa un grave peligro para la salud pública; cuando los animales salvajes son sustraídos de su hábitat natural para ser comercializados aumenta el potencial de transmisión de enfermedades zoonóticas. Y la situación se agrava debido a que en la actualidad este delito opera en el mundo a través de organizaciones delictivas con cadenas de mando y bajo redes de alcance transnacional, de la misma forma que el narcotráfico, la trata de personas y la minería ilegal, entre otros.
Actualmente, existen tres proyectos de ley que buscan incluir los delitos de tráfico ilegal de vida silvestre en los alcances de la Ley 30077 (Ley Contra el Crimen Organizado), presentados por los congresistas Edward Málaga (Partido Morado), Héctor Ventura (Fuerza Popular) y Alfredo Pariona (Perú Libre). Aprobar estas iniciativas brindará al Ministerio Público mayores herramientas de investigación para desarticular redes delictivas, permitiendo la intervención de comunicaciones, la participación de agentes encubiertos, el levantamiento del secreto bancario, el levantamiento de la reserva tributaria y bursátil, el seguimiento y vigilancia, y la incautación de las ganancias del delito sin autorización. Así también, permitirían activar el mecanismo de cooperación internacional entre Estados y organismos internacionales en las investigaciones, actuaciones fiscales y judiciales relacionadas con estos delitos, según señalan reportes del Proyecto Prevenir de USAID.
A la fecha, estos proyectos están pendientes de ser aprobados por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, la que ya cuenta con una propuesta de la Mesa de trabajo que tuvo a su cargo su evaluación y que está a la espera de ser puesta en agenda.
Las organizaciones de la sociedad civil Oceana, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Wildlife Conservation Society (WCS) y la Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales (ARBA), hacen un llamado urgente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República para que priorice la aprobación de estas iniciativas, que permitirán a nuestro país combatir efectivamente estos delitos que amenazan nuestra biodiversidad, generan cuantiosas pérdidas económicas y ponen en riesgo la salud pública.
FUENTE: Oceana
