Al permitirse la formalización de embarcaciones pesqueras artesanales construidas de manera ilegal, “genera un riesgo grave de irreparabilidad del derecho al medio ambiente equilibrado dado que se terminará por depredar los recursos hidrobiológicos pota y perico”, se lee en el documento.
La Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda de amparo contra la aprobación del Proyecto de Ley 5496-2022-CR o “Proyecto de Ley que Fortalece el Proceso de Formalización de las Embarcaciones Pesqueras Artesanales” por parte del Congreso de la República.
Según el documento, se solicita, como tutela preventiva, la abstención de continuar con la aprobación del proyecto de ley, presentado por el congresista Bernardo Pazo Nunura, y que «se cometan actos similares o iguales», a fin de no ver vulnerado el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado.
“El Proyecto de Ley refleja un riesgo inminente al derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado al avalar la formalización de más de 2.000 embarcaciones pesquera artesanales que fueron construidas de manera ilegal y cuyo ingreso al mercado peruano depredará los recursos hidrobiológicos como la pota y el perico en nuestro mar”, se sustenta ante la Corte Superior de Justicia de Lima.
Añade que el Proyecto de Ley, al permitir la formalización de embarcaciones pesqueras artesanales construidas de manera ilegal, “genera un riesgo grave de irreparabilidad del derecho al medio ambiente equilibrado dado que se terminará por depredar los recursos hidrobiológicos pota y perico”.
La demanda de Amparo fue presentada el 3 de noviembre por el ciudadano Carlos Wilfredo Yenque Carrasco, identificado con DNI N° 03500485. El proceso de amparo es un medio procesal de defensa de los derechos fundamentales reconocido por el numeral 2 del artículo 200 de la Constitución.
“Cuando una persona, autoridad o funcionario público afecte o ponga en riesgo el derecho de gozar de un ambiente adecuado o ponga en peligro la conservación de los recursos naturales, cualquier persona puede interponer una demanda de amparo a fin de lograr una adecuada tutela y protección de sus derechos”, finaliza.
FUENTE: La República