Ecuador se presenta a sí mismo como víctima de la pesca ilegal, no regulada y no denunciada por parte de barcos chinos cerca de las islas Galápagos. Pero su industria pesquera es igualmente mala, dice Max Bello de Mission Blue.
El 4 de mayo los funcionarios de aduanas de Hong Kong incautaron el mayor transporte ilegal de aletas de tiburón en la historia del territorio. Los documentos declaraban que el cargamento era pescado seco, pero estaban en español, no en inglés, lo que despertó sospechas. Los funcionarios encontraron 24 toneladas de aletas, la mayoría de especies en peligro de extinción como el tiburón zorro, con un valor de venta al público de US$ 1.1 millones. El cargamento venía de Ecuador.
Ecuador se presenta a sí mismo como víctima de la pesca ilegal, no regulada y no denunciada (INDNR) por parte de barcos chinos cerca de las islas Galápagos. De hecho, su industria pesquera es igualmente mala, dice Max Bello de Mission Blue, una ONG con sede en California. Los barcos ecuatorianos pescan legalmente en áreas protegidas como el santuario Malpelo de Colombia y la isla del Coco en Costa Rica.
Desde el 2018, al menos 136 grandes barcos pesqueros ecuatorianos han ingresado a la reserva de las islas Galápagos, que cubre 133,000 kilómetros cuadrados (51,000 millas cuadradas), dice el director del parque nacional del archipiélago.
Los consumidores de Quito y otras ciudades del interior compran carne de tiburón pensando que es lubina. Muchos barcos transfieren ilegalmente sus capturas en alta mar a embarcaciones más grandes, que las llevan a otros mercados. Según la ley ecuatoriana, los pescadores pueden vender especies en peligro de extinción, como tiburones o tortugas, si las capturan involuntariamente. Algunos barcos informan que la mitad de sus capturas son capturas accesorias.
El mundo se está dando cuenta. El año pasado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, una agencia del gobierno estadounidense, acusó a las empresas pesqueras ecuatorianas de violar los acuerdos internacionales de conservación.
La Unión Europea, el mayor comprador de atún ecuatoriano, ha pedido al país que intensifique las acciones contra la pesca INDNR o podría perder el acceso a su mercado. En el 2018 un comité dentro de CITES, una convención internacional sobre el comercio de especies en peligro de extinción, recomendó que sus 183 miembros suspendan el comercio de pescado con Ecuador.
Su gobierno es incapaz de controlar una industria poderosa. Las empresas pesqueras emplean a 100,000 personas y contribuyen a la economía con US$ 1,600 millones al año, el 1.5% del PBI. La flota atunera de Ecuador, la más grande del Pacífico oriental, cuenta con alrededor de 115 grandes barcos mecanizados. El resto de la industria pesquera consta de más de 400 embarcaciones semiindustriales y nodrizas, pequeñas embarcaciones sin maquinaria que capturan una mayor variedad de peces. La pesca recibe un trato especial por parte del gobierno.
A menudo emite permisos para la exportación de aletas de tiburón a Perú que no cumplen con estándares CITES, dice Oceana Perú, una ONG. Los aliados de la industria ocupan puestos importantes en el viceministerio de acuicultura y pesca. Algunos tienen escaños en la legislatura. Los operadores de barcos atuneros con bandera ecuatoriana dicen que son las flotas de otros países las responsables de la pesca INDNR en o cerca de aguas ecuatorianas. Dicen que su captura secundaria es solo de 2%. Observadores, a bordo bajo reglas emitidas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), una organización regional, dan fe e esa afirmación. Los conservacionistas no les creen.
El cerco y el palangre, las principales formas de pesca de la flota, a menudo resultan en altos niveles de capturas accesorias. La CIAT es una organización débil, alineada con las empresas pesqueras, dicen los conservacionistas. “Es como confiar en que un lobo sea honesto sobre cuántas ovejas se comió”, dice un asesor de legisladores que quieren endurecer la regulación. Incluso si la captura secundaria es tan baja como afirma la industria, es suficiente para masacrar algunas especies.
Aún más controvertido que la pesca de cerco y palangre es el uso de dispositivos de concentración de peces (fish aggregating devices, FAD). Los barcos industriales los liberan en la corriente que pasa por el área protegida de las islas Galápagos para atraer presas, dicen los grupos ecológicos. A veces fijan cabezas de cabras en los dispositivos para atraer tiburones, dicen los habitantes de Galápagos.
Las tripulaciones los rastrean con GPS y los rodean de redes cuando salen de las zonas protegidas, atrapando tortugas, leones marinos, mantarrayas y tiburones. Los barcos ecuatorianos despliegan más FAD que los de cualquier otro país, según un estudio realizado en el 2015 por Pew Charitable Trusts. Los barcos nodriza son aún más difíciles de regular. No están obligados a navegar con observadores. Contrabandean no solo aletas de tiburón, sino también cocaína. El año pasado, Sea Shepherd, un grupo de conservación, filmó a los pescadores a bordo de un barco nodriza decapitar un tiburón, una práctica que es ilegal en Ecuador. Luego, los pescadores jugaron con la cabeza para las cámaras de Sea Shepherd.
El gobierno de Ecuador intentó tomar medidas enérgicas, especialmente después de la advertencia de “tarjeta amarilla” de la UE. En abril, la legislatura aprobó una ley que aumenta las multas para los pescadores ilegales. Ahora se prohíbe a los barcos vender tres especies de tiburones en peligro de extinción, incluso si son capturas incidentales, dice Jeff LeBlanc, asesor del gobierno. El gobierno ha iniciado una campaña publicitaria para disuadir a los ecuatorianos de comer tiburones.
Los conservacionistas dicen que estas medidas no funcionarán. La guardia costera y la marina de Ecuador no tienen suficiente dinero para patrullar sus mares de manera efectiva. Ecuador debe mejorar sus reglas y su aplicación antes de que la UE levante su tarjeta amarilla, dice un funcionario del bloque. Los conservacionistas están instando al gobierno a duplicar el tamaño de la reserva de Galápagos. Eso paralizaría la industria pesquera de Ecuador, que compite con la moderna flota subsidiada por el gobierno de China, dice Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesca, un grupo de presión. El dolor sería temporal, responden los defensores de la ampliación. Eventualmente conduciría a un aumento de las poblaciones de peces y, por lo tanto, a mayores capturas.
La reserva de Galápagos, aunque está mal vigilada, ha rescatado especies amenazadas por la sobrepesca. Una reserva más grande ayudaría a la amenazada población de atún aleta amarilla. El tiburón martillo, en peligro crítico de extinción, que se aparea y pone huevos en la reserva de Galápagos, podría sobrevivir. Si Ecuador quiere seguir beneficiándose de sus riquezas marinas, tendrá que protegerlas.
FUENTE: Gestión
