Se considerarán como faltas no realizar el muestreo, las mediciones o determinación analíticas según las guías aprobadas por el Produce, no presentar los reportes de monitoreo ambiental, entre otros.
El Gobierno dispuso la modificación del reglamento de la Ley General de Acuicultura. Una de las primeras disposiciones ordena la incorporación del detalle de todas las infracciones en la categoría productiva Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE).
Así pues, se consigna que se considerarán faltas no realizar el muestreo, las mediciones o determinación analíticas según las guías aprobadas por el Ministerio de la Producción (Produce), no presentar los reportes de monitoreo ambiental o presentarlos de manera distinta a lo establecido en las guías, no cumplir con las obligaciones y compromisos del plan de cierre desarrollado y aprobado, entre otros.
Asimismo, se hicieron cambios sobre las infracciones y sanciones y la fórmula para su cálculo.
La norma señala que “la multa a ser impuesta por las infracciones ambientales para las AMYPE no puede ser mayor al 10% del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior al que cometió la infracción”.
OBSERVACIONES
Jesús Véliz, exdirector general de asesoría jurídica del Produce, señaló que estos cambios ya están reglamentados dentro de los compromisos ambientales que fueron aceptados por todas las empresas que se dedican a este rubro.
La observación de Véliz apunta a la disposición sobre el monto máximo de multa (10% del ingreso bruto anual), la cual consideró una “multa confiscatoria”.
“En el mejor de los escenarios, la utilidad de las empresas es del 20% de sus ingresos y, ahora, hablamos de una multa de 10%”, criticó.
Véliz también indicó que los escenarios a sancionar por el Produce ya son considerados por la OEFA. Esto configuraría un acto inconstitucional, pues no es posible sancionar administrativamente a una empresa por la misma falta.
Luis Icochea, director del Departamento de manejo pesquero y medioambiente de la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina, mostró su “preocupación” porque a “estas alturas saquen algo orientado a las sanciones”, cuando el sector requiere alentar las inversiones.
“Parece que la normativa no ha tenido opinión de técnicos porque se debe pensar en medidas para educar, no para sancionar”, comentó.
FUENTE: El Comercio
