Los pescadores artesanales indican que la actual falta de recursos en el mar dificulta su labor. Restaurantes pasan momentos complicados ante aumento del precio del pescado.
Para Cecilia Ríos, propietaria del restaurante Pueblo Viejo Tradición Chiclayana, la situación es insostenible. Desde hace cinco años está lidiando con el alza del precio del pescado, pero en los últimos seis meses el incremento ha sido desorbitante. Productos como la corvina sin limpiar pueden llegar a costar unos S/60 el kilo. “No compensa, es demasiado caro”, afirma.
“El precio de los insumos marinos se ha incrementado de una manera que realmente no se daba desde hace muchos años, y que no necesariamente tiene que ver con los períodos de veda, porque el aumento está afectando prácticamente a todos los insumos. Si los negocios gastronómicos no cuidan bien el manejo de los costos, en un corto y mediano plazo podrían cerrar”, aseveró Gabriela Fiorini, gerenta general de la cadena de restaurantes Punta Sal.
Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana en el Perú, indica que uno de los motivos detrás de este incremento constante es la crisis de la pesca artesanal, que provee el 80% de los pescados que consumen los peruanos.
“Hay un estudio publicado el año pasado que revela que los índices de abundancias de los pescados se han reducido. Esto significa que el pescador artesanal tiene que realizar ahora mayor esfuerzo, salir más veces y pasar más días en el mar para conseguir lo que antes capturaba con menos trabajo y gastos”, explica.
Esta precaria situación se ve reflejada en una encuesta realizada por Oceana Perú y la consultora Ipsos, en la cual participaron 803 pescadores artesanales. Según el trabajo, estos se sienten olvidados por las autoridades, las cuales –perciben– no están desarrollando una adecuada labor de fiscalización. Además, consideran que los recursos marinos en las cinco millas reservadas para este tipo de pesca no son bien manejados, están siendo sobreexplotados y no han sido protegidos adecuadamente por las leyes actuales.
“Las cinco millas es el espacio donde no se puede llevar a cabo la pesca de mayor escala. Además, es una zona de refugio y reproducción para las especies costeras”, detalló Heck.
Sin embargo, esta área –señala la especialista– se ve afectada por dos factores importantes: la pesca ilegal y la pesca de menor escala. La primera consiste en embarcaciones de mayor escala que ingresan sin permiso alguno, y de aquellas informales que no tienen ningún tipo de autorización y no respetan normas como las vedas; es decir, realizan capturas no reguladas ni controladas.
Por otro lado, la pesca de menor escala sí tiene permiso para trabajar en las cinco millas; no obstante, su capacidad es mucho mayor que la de los pescadores artesanales, lo que genera un tipo de competencia desleal. “Por cómo está diseñada hoy la Ley General de Pesca, se entiende como una sola categoría a la pesca artesanal y la de menor escala, que son embarcaciones que tienen una tamaño y capacidad de pesca mucho mayores”, dijo Heck.
Por ejemplo, la encuesta de Ipsos muestra que la capacidad de bodega de los pescadores artesanales bordeaba las 5,5 toneladas, mientras que la de las embarcaciones de menor escala van desde las 10 toneladas hasta las 30 toneladas.
A esto hay que sumarle que las de menor escala utilizan la técnica de cerco, la cual no es muy selectiva; en otras palabras, captura sin hacer mucha discriminación de especies.
“Lo que está pidiendo el pescador artesanal es que las embarcaciones de cerco de menor escala no ingresen a las primeras millas, que dejen un área exclusiva para la pesca artesanal, que usa técnicas más selectivas y menos dañinas”, manifestó la especialista.
Para llevar a cabo esta medida, es necesario modificar la ley de pesca, que lleva vigente 30 años.
Luis Icochea, docente e investigador de la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Unalm), comentó que durante años creció el número de pescadores ilegales. “Ahora hay como 4.000 embarcaciones que no tienen licencia de construcción o permiso de pesca”, dijo.
Agregó que hay también una cantidad importante de embarcaciones no artesanales que realizan sin permiso pesca de arrastre en la costa, con el fin de capturar especies como langostinos. Esta metodología es perjudicial porque altera los ecosistemas marinos.
“La Ley General de Pesca que salió en 1992 prohibía usar las técnicas de cerco y arrastre dentro de las cinco millas. Pero luego se permitió que las embarcaciones de menor escala usen el cerco en esa zona. Hay ahí una competencia desleal. Un pescador artesanal con sus anzuelos no puede compararse al cerco que saca todo”, sostuvo Icochea.
“Hay un desorden, no hay un ordenamiento pesquero, sobre todo de la flota artesanal y de menor escala; no es claro. Además, hay muchas lanchas y embarcaciones que no tienen permisos”, acotó.
La situación también se complica debido a que la ley de pesca no reconoce la sobreexplotación. Esto, comentó Heck, dificulta la creación de medidas y acciones para combatir esa problemática.
“Uno podría decir que por sentido común no es necesario que se incluya la sobreexplotación en la ley. Pero, lamentablemente, es necesario en términos legales. Lo que vale es lo que está puesto en la norma”, puntualiza.
Por su parte, Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, afirmó que no existe ninguna crisis en el sector pesquero ni sobreexplotación. No obstante, menciona que el sector de la pesca artesanal ha sido desatendido por varios años.
“Este sector necesita ser formalizado, a fin de que puedan acceder a créditos y; por otro lado, requieren de la infraestructura [plantas de frío y desembarcaderos] necesaria para desarrollar su trabajo en condiciones que favorezcan el desarrollo de sus negocios”, dijo.
Dijo también que, para asegurar la sostenibilidad de los recursos marinos peruanos, es clave llevar a cabo una lucha frontal contra la pesca ilegal, “que genera indebidamente más de S/500 millones, y que no respeta las zonas de veda, ni las tallas mínimas y sigue utilizando explosivos y métodos de pesca prohibidos”.
FUENTE: El Comercio
